El presidente Abelardo de la Espriella firmó este martes el Decreto 1368 de 2026, mediante el cual se levanta la suspensión general que pesaba sobre los permisos para el porte de armas de fuego en Colombia.
De acuerdo con el Gobierno, la medida no significa que se autorice el porte indiscriminado de armas. Los ciudadanos deberán continuar cumpliendo los requisitos establecidos por la legislación colombiana y contar con un permiso vigente expedido por la autoridad competente.
Entre las condiciones se encuentran tener el permiso correspondiente, que el arma esté amparada por dicho documento, ser mayor de 25 años, no registrar antecedentes, aprobar los certificados médicos y de aptitud psicofísica y acreditar conocimientos teóricos sobre el manejo del arma.
El decreto establece que los permisos de porte que se encuentren vigentes y no tengan una suspensión individual, cancelación, revocatoria, vencimiento o prohibición legal o judicial podrán recuperar su eficacia. Es decir, quienes ya cuentan con un permiso válido podrán ejercerlo sin tener que solicitar una autorización especial adicional.
La seguridad, en el centro del debate
El presidente defendió la decisión argumentando que durante los últimos años se restringió el porte legal mientras las organizaciones criminales continuaron adquiriendo armas de manera ilegal.
Según cifras presentadas por el mandatario, entre el 1 de enero y el 3 de septiembre de 2026 la Fuerza Pública habría incautado 15.700 armas de fuego, de las cuales 14.179 estarían relacionadas con la comisión de delitos.
El Gobierno sostiene que la medida busca garantizar derechos dentro del marco de la ley, mientras mantiene las herramientas de las autoridades para controlar, suspender, cancelar o decomisar armas cuando corresponda.
El levantamiento de la suspensión tampoco permite portar armas con permisos vencidos, cancelados o revocados, ni aquellas que estén sujetas a medidas judiciales o administrativas.
La decisión abre nuevamente el debate nacional sobre el porte legal de armas y sobre cuál debe ser el equilibrio entre el derecho a la defensa de los ciudadanos y las políticas de seguridad y prevención de la violencia en Colombia.